Política científica y tecnológica en Argentina

Los primeros grupos de investigación científica reconocibles como tales en Argentina surgieron en los comienzos del siglo XX y tuvieron su localización institucional en las universidades. La investigación científica alcanzó su momento de mayor visibilidad y madurez durante las décadas de 1950 y 1960. Las actividades de investigación y desarrollo (I+D) tuvieron cierto grado de implantación en las empresas públicas; particularmente en las áreas de la energía y de la defensa. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtió en un emblema de la capacidad científica y tecnológica local ya que, además de cumplir con su propio cometido, GENERÓ UN TEJIDO DE EMPRESAS CAPACES DE PRODUCIR BIENES CON MUY ALTO VALOR AGREGADO. Algunas de ellas siguen actualmente muy activas. La mayoría de las instituciones destinadas a diseñar y ejecutar políticas destinadas al desarrollo científico y tecnológico en Argentina fueron establecidas en la segunda mitad de la década de los cincuenta. La CNEA fue creada en 1950, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue creado en aquel mismo año; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al año siguiente y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en 1958. Diez años más tarde, en 1968, se creó un nuevo organismo —el CONACYT—, cuyo objeto era regular el conjunto de la trama institucional de la política científica y tecnológica. Tuvo vida efímera y durante los siguientes treinta años no se crearían nuevas instituciones. En general, la historia institucional de la política científica y tecnológica ha transcurrido en Argentina MÁS PRÓXIMA A LA PERSPECTIVA Y LOS INTERESES DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA QUE A LAS DEMANDAS DEL SECTOR PRODUCTIVO. Durante el gobierno militar del período 1976-1983 se quitó apoyo a la investigación universitaria. Las políticas económicas neoliberales que fueron puestas en práctica a partir de 1976, aplicadas intermitentemente en los primeros años de la democracia y rigurosamente ejecutadas en la década de los noventa, centradas en la apertura de la economía y la estabilidad macroeconómica, conspiraron contra la trayectoria tecnológica de las empresas argentinas y RESTARON INTERÉS A LA CAPACIDAD DE PRODUCIR LOCALMENTE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS RELEVANTES. Y todo a pesar de que existen muy buenos ejemplos de capacidades tecnológicas competitivas a escala internacional, como los de la empresa mixta INVAP y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), casos que, lamentablemente, son aislados, en el escenario de una política que privilegia un perfil productivo con escaso valor agregado. Los investigadores argentinos están actualmente entre los que cuentan con menos recursos en todo el mundo. A pesar de ello, Argentina cuenta con más de veinticinco mil investigadores y becarios, de lo que resulta el indicador más alto con relación a la población económicamente activa (PEA). El valor de 1,67 investigador por cada mil integrantes de la PEA duplica al de Brasil y supera al de Chile. Pero sólo el 16% de estos investigadores universitarios tiene dedicación exclusiva. Los docentes investigadores representan sólo el 17% del personal de las universidades nacionales. A pesar de los esfuerzos que se realizaron en épocas pasadas por promover el desarrollo tecnológico basado en la utilización de conocimientos científicos producidos localmente, la mayor parte de ellos rara vez fueron efectivamente aplicados en los procesos de producción de bienes y servicios. En lo que respecta al sector privado, las empresas argentinas son, con algunas excepciones, poco innovadoras. La inversión privada en ciencia y tecnología por parte de las empresas privadas apenas representaría un 20% del total del país, mientras que en los países industrializados la contribución del sector privado oscila entre el 50% y el 75% del esfuerzo nacional. Hay escasa demanda de conocimientos por parte de las empresas privadas, lo que convierte a los sistemas de innovación más en un postulado teórico que en una realidad. Además contamos con la permanente predica liberal que menosprecia la utilidad de la investigación y los esfuerzos orientados a lograr una capacidad científica y tecnológica propia. Se basan en la suposición de que las tendencias globales han de producir necesariamente una nueva distribución internacional del trabajo y del saber que, por necesaria, deberá ser aceptada. Desde esta óptica, países como Argentina no estarían en condiciones de formar parte del grupo de aquellos que producen la ciencia y la tecnología, sino sólo de los que se limitan a aplicarlas. Estas ideas miserables que propagan incansablemente estos delincuentes van en contradicción con los éxitos alcanzados recientemente en el desarrollo y la exportación de equipamientos nucleares de experimentación por parte de INVAP, los desarrollos de tecnología de satélites realizados por la CONAE y el avance en varias líneas de investigación en biotecnología aplicada al agro.