Política comercial de EEUU

Hay contradicción entre el discurso estadounidense de libre comercio y sus prácticas proteccionistas. Formalmente, los Estados Unidos han apoyado la versión pura de libre comercio. Pero, al mismo tiempo, su propia práctica se ha alejado bastante de los supuestos del liberalismo económico que teóricamente profesan. Dada su vocación ideológica por el laissez-faire, toda política doméstica que se aleja de dicha norma ha sido pobremente planeada, falta de objetivos industriales de largo plazo y, generalmente, no ha ayudado ni al sistema comercial ni al propio interés norteamericano. Desde la perspectiva tradicional del liberalismo económico, las necesidades orientadas al interés nacional se limitan a la seguridad militar y geopolítica. También se refieren al interés del consumidor en el contexto de libre comercio. Sin embargo, grupos industriales, sindicatos y algunos representantes del Congreso pugnan por la protección de ciertos sectores de la economía nacional (como el siderúrgico o la agroindustria) dado su impacto sobre el mercado laboral en cuanto a los niveles de empleo, de salario y los estándares de trabajo y medioambientales. La devoción norteamericana por el laissez-faire implica que cualquier alejamiento del libre comercio, fenómeno que ocurre de manera intermitente es sobrellevado con culpa y sin un propósito estratégico, y es visto por las autoridades norteamericanas como concesiones infortunadas a políticas domésticas más que iniciativas económicas de desarrollo. A medida que las reglas de libre comercio en las últimas décadas han ganado terreno en el ámbito internacional, esto ha sucedido paralelamente a LA DECLINACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA HEGEMÓNICA, por lo menos en el ámbito económico. Por lo tanto, el esfuerzo norteamericano por inyectar sus normas de laissez-faire como políticas directrices para otras naciones, mientras retiene su valorado rol de líder del sistema global, se traduce en un alto costo para su propia economía nacional. Las grandes corporaciones multinacionales (CMN) son en varios sentidos los agentes fundamentales de la globalización y, por ende, impulsoras de las políticas comerciales aperturistas. Más aun, algunos analistas consideran que el debate entre soberanía y comercio se desenvuelve EN LA TENSIÓN ENTRE ESTADO Y MULTINACIONALES Y NO ENTRE ESTADO Y MERCADO. Los flujos anuales de inversión directa extranjera de las CMN se incrementaron más rápidamente que el comercio tradicional. De 1973 a 1995, estos flujos se multiplicaron más de 12 veces (de 25 billones de dólares a 315 billones). En la actualidad, alrededor de un tercio del total del comercio mundial es producto del comercio intrafirma entre las CMN, otro tercio consiste en exportaciones de las CMN a otras no afiliadas, y el tercio restante al comercio entre firmas nacionales. A partir de la década de los ochenta, la tasa anual promedio de inversión directa extranjera mundial tuvo un crecimiento que no se había experimentado desde fines del siglo XIX. El resurgimiento de las ideas del liberalismo ortodoxo fue un factor fundamental para la eliminación de las restricciones al flujo de capitales. Los teóricos del libre comercio tienen una visión muy positiva de la inversión
extranjera. La misma, según ellos, provee financiación externa para compensar
cantidades insuficientes de ahorro interno e ingresos por exportaciones. Un dato llamativo es que LOS ESTADOS UNIDOS PERDIERON LA POSICIÓN DOMINANTE COMO FUENTE DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA. Su participación cayó de 42 % en 1980 a 25 % en 1990 . Sin embargo, siguen manteniendo el primer lugar como receptor de este tipo de flujos internacionales (477.5 billones de dólares acumulados entre 1985-95). En términos generales, los Estados Unidos han sido el principal defensor de la liberalización de las políticas de inversión extranjera y se presentaron críticos hacia aquellos países que sostenían políticas intervencionistas en los setenta. Pero, irónicamente fueron el único país industrial que cambió su política en los ochenta, como resultado de la declinación de la hegemonía económica del país, y por lo tanto, LA DISMINUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CAPITAL Y EL AUMENTO DE LA IMPORTACIÓN DEL MISMO. Cuando los Estados Unidos estaban en proceso de emergencia como potencia hegemónica, los flujos de inversión directa extranjera que salían del país eran considerados relativamente poco costosos porque ningún grupo de interés local lo veían como negativo a sus intereses. Cuando su situación hegemónica
comenzó a declinar, algunos grupos como los sindicatos comenzaron a percibir
que la salida de flujo de capitales tenía efectos negativos en la economía nacional. Sin embargo, las posibilidades de control político a las CMN son cada vez más limitadas. Por ejemplo, las compañías petroleras norteamericanas redujeron su identificación con el interés nacional estadounidense luego de la crisis energética de 1973, cuando SE LAS ACUSABA DE APOYAR EL EMBARGO PETROLERO DE LOS PAÍSES ÁRABES. Este caso pone en claro el dilema que presentan las CMN. Dichas instituciones organizan sus operaciones a escala global, y esto puede diferir de los intereses de sus países de origen. Hoy asistimos a un ejemplo claro, CMN petroleras apoyan la guerra de Irak cuando esta guerra resulta perjudicial al intereses de los estadounidenses. Para la corriente liberal, las CMN buscan oportunidades rentables alrededor del mundo y por esa razón, comienzan a desconectarse de los países de origen. Por lo tanto, la competitividad de un estado no está asociada con la competitividad de sus CMN. La legislación antidumping norteamericana, según sus defensores, asegura el comercio justo, contrarrestando las distorsiones de mercado causadas por gobiernos extranjeros. Pero algunas compañías que desean escapar a la competencia usan estas leyes para inclinar el campo de juego más que para nivelarlo. El gobierno norteamericano permite a las industrias nacionales el pedido de protección antidumping a través de la Ley de Comercio y Tarifas de 1974. Un organismo gubernamental investiga a los países con patrones consistentes de prácticas comerciales injustas. Si esas prácticas son consideradas injustificadas o no razonables, el gobierno norteamericano trata de "persuadir" al país en cuestión que interrumpa su comportamiento no competitivo en un espacio específico de tiempo. Si esas prácticas continúan el presidente de los Estados Unidos debe tomar represalias, en un valor equivalente, contra las mercancías del país extranjero en cuestión. También otorga incentivos a las industrias para buscar protección, ya que al mismo tiempo pueden ser recompensadas financieramente. La reacción no se ha hecho esperar y otros países han comenzado a usar los mismos mecanismos contra las exportaciones norteamericanas. Los casos que recurren a esta normativa legal no requieren demostrar un hecho de comercio injusto; solamente tienen que probar que las importaciones están produciendo un daño en su industria. Es obvio que las leyes de los Estados Unidos en su planteo actual y el apoyo del país para profundizar la liberalización del comercio mundial no son metas complementarias sino más bien antagónicas y aun incompatibles. La industria del acero en los Estados Unidos ha presionado para que se autorice subsidios y protección al comercio para frenar el resurgimiento de las importaciones acereras al país. Los representantes de la industria argumentan que el daño en la industria
siderúrgica fue producto de las importaciones. Desde 1998 las acereras estadounidenses han cerrado 31 plantas y se han perdido 45 mil empleos en la industria. Después de la crisis asiática (1997 - 1998), que causó la caída abrupta de las monedas de los países de Oriente con respecto al dólar estadounidense y, por consiguiente, abarató los costos de las mercancías asiáticas, la industria sostuvo que le resultaba cada vez más difícil competir con los bajos precios de las importaciones de aquellos países. En esta coyuntura, como en otras anteriores, cada vez que se presenta una crisis la industria es protegida con tarifas a las importaciones, además de subsidios y garantías de préstamos. Cada vez que la protección es puesta bajo cuestionamiento (por ejemplo para armonizar políticas multilaterales con la OMC), los productores reclaman que necesitan tiempo para recomponerse del asalto al mercado norteamericano perpetrado por importaciones de precios injustos, para redefinirse y comenzar a ser competitivos internacionalmente. A pesar de la consistente protección que la industria del acero ha recibido se encuentra en una situación comprometida. Después de tres décadas, el nivel de empleo en la industria cayó dramáticamente. Desde los grupos defensores de la protección se considera que es precisamente la apertura comercial la culpable de esta problemática social y que antes que eliminar el apoyo del gobierno este se debe reforzar. Para aquellos que defienden la idea de libre comercio resulta imperioso llevar a cabo una reestructuración de la industria (a la que califican como no competitiva); eliminando la capacidad ociosa y reduciendo la producción hasta los niveles de consumo. Para aquellos que participan de la industria es necesario preservar y aumentar el apoyo, principalmente desde la justificación del mantenimiento de las oportunidades de trabajo como elemento esencial del bienestar social y, en consecuencia, del interés nacional. Los Estados Unidos protegen el sector de la agricultura a través de subsidios. Estos funcionan como barreras no arancelarias al comercio ya que inclinan el terreno para favorecer a unos productores sobre otros. Desde la Gran Depresión de la década del treinta, los productores estadounidenses recibieron grandes cantidades de asistencia del gobierno federal. Los agricultores crecieron acostumbrados a recibir un cheque por correo y se apoyan en los subsidios más que en el libre mercado. Desde la postura del libre comercio, los subsidios no sólo llevan a la sobreproducción, sino que también generan en forma artificial precios muy bajos, llevando a los consumidores a descartar mercancías extranjeras y manteniéndolas fuera del mercado. Según esta corriente, los Estados Unidos manifiestan una postura poco congruente: mientras se quejan justificadamente de los subsidios impuestos por la UE, tanto los productos lácteos como el azúcar norteamericano exceden con sus subsidios a los de los mismos productos de la competencia europea. Siguiendo este punto de vista, los socios comerciales difícilmente acepten esta falta de coherencia y pueden responder con barreras comerciales adicionales que dañen las facilidades de exportación estadounidense (un tercio de su producción doméstica). Por lo tanto, para mantener su credibilidad como líder de la economía global, los Estados Unidos deben ofrecer la eliminación de sus barreras arancelarias y no arancelarias a productos agropecuarios. Después de un intenso debate entre los defensores del libre comercio y los proteccionistas el Ejecutivo promulgó en mayo de 2002 la Ley de Mejoramiento Agrícola, de Conservación y Rural . La misma distribuirá 190 mil millones de dólares entre productores norteamericanos en los próximos 10 años. La medida representa un aumento de 18.900 millones de dólares al presupuesto sugerido por la Cámara de Representantes al inicio del corriente año. En concordancia con los temores de los grupos defensores del libre comercio, la aplicación de la nueva ley de subsidios agrícolas generó reacciones entre aquellos países que tienen un intenso intercambio comercial con los Estados Unidos, sobre todo en la actualidad que existe una arena mundial de debate como la OMC. Consiguientemente, los norteamericanos no tienen mucho margen de maniobra para presionar a otros países a bajar las medidas arancelarias y no arancelarias agrícolas mientras el Congreso estadounidense trabaja para incrementar internamente las barreras no arancelarias. Los grupos que se manifiestan en contra de los subsidios presentan públicamente, particularmente en ámbitos académicos, la necesidad de reducir la protección. Sin embargo, los defensores de estas medidas son más efectivos en la práctica; logran sus cometidos a través de un aceitado contacto con grupos de legisladores que a fin de cuentas determinan las orientaciones de las leyes en la materia y presionan al Ejecutivo para continuar con el apoyo gubernamental.