Obama y Geithner suplican desesperados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido aplicar las primeras medidas de urgencia para retrasar lo más que se pueda un peligroso escenario en el que se vea sin posibilidades de asumir todos sus compromisos financieros, incluido el de los intereses que genera su cuantiosa deuda. El mecanismo se activó después de que se rebasara oficialmente el límite previsto para pedir prestado, fijado en los 14.3 billones de dólares. La Casa Blanca acaba de comunicar al Congreso de EE.UU. que va a suspender las inversiones en dos grandes fondos de pensiones públicos, a fin de contar con flujo efectivo con el que operar y cubrir sus compromisos. Durante el fin de semana, Obama alertó que el país no puede permitirse esta situación. Y explicó que si EE UU llega al punto de no poder cumplir con sus obligaciones, se entrará en una recesión "aún peor" y desembocará en una crisis financiera de graves consecuencias. "Si los inversores mundiales piensan que el crédito y la buena fe de EE.UU. no está respaldada, si piensan que podemos renegar de nuestros compromisos crediticios, todo el sistema financiero podría colapsarse", indicó Obama. Geithner, responsable del Tesoro, calcula que dispone de tiempo hasta el 2 de agosto. En ese momento, las previsiones del riesgo de un impago de la deuda serán reales y las consecuencias catastróficas. Geithner, advirtió, que si el Congreso no aumenta el techo máximo de la deuda, el país norteño se encontraría en falta de pago y no estará en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras frente a "funcionarios, ciudadanos, empresarios e inversores". "Esto sería un acontecimiento sin precedentes en la historia de Estados Unidos", que tendría consecuencias "extensas y catastróficas en la economía del país, al reducir de manera significativa el crecimiento y aumentar el desempleo", precisó. "Los inversores del mundo serían más reticentes a prestar fondos a Estados Unidos" y, quienes lo hagan, "pedirán tasas de interés más elevadas", hecho que aumentaría los costos de financiamiento del gobierno, empresas y hogares.

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