domingo, 31 de diciembre de 2006

Miserias del país ganadero

La pelea entre el agro pampeano y los diferentes gobiernos no son nuevas. Desde mediados del siglo XIX, sostiene el autor de esta nota, discuten el rumbo económico y político del país.

Osvaldo Barsky. , INVESTIGADOR DEL CONICET, PROFESOR DE "HISTORIA DEL AGRO ARGENTINO" EN FLACSO.


Los actuales conflictos que enfrentan a sectores del agro pampeano con el gobierno reinstalan en el escenario público las antinomias profundas que existen en la sociedad argentina entre sectores rurales y urbanos por la distribución del ingreso nacional.


Estas disputas de vieja data en diferentes momentos históricos han reconocido distintos protagonistas. Es que producida la formidable expansión ganadera ovina y bovina desde mediados del siglo XIX, con una acelerada introducción del cambio tecnológico, y desarrollada la expansión agrícola extensiva desde 1870, la región pampeana pasó a ser el eje económico del país, al generar la producción de los alimentos que componen la dieta básica y al exportar volúmenes enormes de materias primas y alimentos que significaron durante muchas décadas un 90% de las divisas que permitieron el funcionamiento de la economía argentina.


La expansión ganadera se centró en el accionar de una vanguardia ganadera que encaró con decisión y creatividad la instalación de una avanzada producción de alta calidad, proceso complejo pocas veces valorado históricamente en la Argentina. Ello generó en este sector una gran autoestima y conciencia de su potencialidad, dado que lo esencial de esta transformación fue realizada sin participación del Estado.


Esto generó un componente permanente del ruralismo, como fue su carácter acendradamente antiestatal. Así, Godofredo Daireaux en sus escritos de comienzos del siglo XX, pone en los recuerdos de un hacendado el relato de un mundo rural idílico donde los productores llevaban adelante sus tareas en armonía, hasta que comienza la construcción del Estado, simbolizado en el Juez de Paz, que introducirá la arbitrariedad como norma y representará la voracidad estatal para absorber parte de la riqueza generada por los productores con su trabajo.


La crisis ganadera internacional de 1921 que deprimirá fuertemente los precios, generará un fuerte conflicto entre los productores ganaderos vinculados a la cría y aquellos cuyo negocio era el engorde de los animales, los "invernadores", estrechamente ligados a los grandes frigoríficos, alianza que descargaba los precios deprimidos en el primer sector. La puja se expresará en las alternancias del control de la Sociedad Rural y en las demandas sostenidas de intervención estatal para frenar la acción monopólica que perjudicaba a los criadores.


La crisis de los 30 alterará definitivamente el esquema de manejo de la economía argentina. La violenta caída de los precios agrícolas provocará en 1931 la intervención estatal mediante el establecimiento de un margen de cambios entre los tipos vendedor y comprador que permitió financiar los precios mínimos para el trigo, maíz y lino que se fijaron en un 20% por encima de los vigentes. Para evitar que frente a estos precios elevados los productores se apresuraran a colocar sus cosechas y beneficiaran a las compañías cerealeras se creó la Junta Reguladora de Granos. Para enfrentar la acción monopólica de los frigoríficos se crea en 1933 la Junta Nacional de Carnes para tipificar el ganado vacuno e impedir la fijación de precios abusivos. La acción estatal que también genera la Corporación Argentina de Productores de Carne y el Frigorífico Nacional, recibe el apoyo de los criadores que en 1943 rompen definitivamente con la Sociedad Rural creando las Confederaciones Rurales Argentinas, cuyos integrantes habían mantenido un discurso fuertemente antiimperialista y antioligárquico, dado los enfrentamientos con los frigoríficos extranjeros y los invernadores.


La fuerte intervención estatal durante los 40 a partir del congelamiento de los arrendamientos que afectarían la renta agropecuaria, tuvo en la estatización del comercio exterior de granos y carne a partir de la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) un instrumento que a través de tipos de cambios diferenciales realizó transferencias importantes de ingresos de los productores agrícolas hacia los consumidores y la industria urbana.


La caída del peronismo en 1955 pareció inaugurar un proceso de liberalización de la economía, expresado en la disolución del IAPI y de los tipos de cambio desfavorables para el sector agropecuario. Pero el triple rol de la región pampeana como productora de alimentos básicos, generadora de divisas y fuente posible de rápida recaudación fiscal, hizo que rápidamente retornaran políticas de intervención estatal. Con Frondizi, en 1958, la devaluación que su ministro de economía Alvaro Alsogaray impulsa es acompañada por el establecimiento de retenciones a las exportaciones de carne y granos para hacer descender el precio de estos bienes en el mercado interno.


Las oscilantes políticas macroeconómicas de las décadas siguientes provocarían curiosas situaciones sociales más allá de las intenciones de los impulsores de políticas. El caso más paradójico surge de comparar el impacto de las medidas de política económica del gobierno peronista de 1973 y el modelo impulsado por Martínez de Hoz durante la dictadura establecida en 1976. En el primer caso se aplicaron elevadas retenciones a las exportaciones en momentos en que los precios internacionales de los productos agropecuarios eran bajos, lo que provocó sensibles pérdidas a los productores. En el segundo caso se eliminaron las retenciones, pero el retraso cambiario por la aplicación de la denominada "tablita" sobre la evolución futura del dólar, provocó un efecto exactamente igual en los ingresos agropecuarios, siendo 1978 un año tan negativo como 1974. La paradoja se completaría en el gobierno de Alfonsín desde 1984. Altas retenciones y precios agrícolas internacionales en descenso provocaron pérdidas y caída de la producción agrícola, a pesar de que la hiperinflación determinaría que al final de su período los productores recibieran precios muy altos, por la devaluación de la moneda local que potenciaba sideralmente el valor de las divisas.


En el gobierno de Menem, el creciente retraso cambiario generó fuertes pérdidas y endeudamientos de los productores agropecuarios de los que muchos emergieron por los procesos de devaluación y pesificación producidos desde 2002.


El confuso debate social sobre esta temática tiene que ver con la forma fragmentada y oscilante de las políticas estatales y, en contrapartida, la visión parcializada de los dirigentes agropecuarios que impulsan el enfrentamiento de las políticas que implican cesiones de excedentes, sin hacer mención de otras políticas, muchas veces más decisivas, como la vinculada con el tipo de cambio. Sin embargo, sólo una visión integrada que analice la rentabilidad de los productores a partir de comparar sus ingresos determinados por la ecuación precios internacionales-tipo de cambio-aplicación o no de impuestos a las exportaciones (retenciones) versus costos, posibilitaría una discusión racional sobre políticas que conduzcan a consensos entre los sectores de la sociedad.


Como formulador obligado de estas políticas, el Estado debe reinstalar una instancia (Ministerio o Secretaría de Agricultura) con recursos económicos y profesionales capaces de elaborar las políticas finas que la situación requiere en estos temas y muchos otros vinculados con el apoyo a la expansión del agro y a la consolidación de estructuras sociales agrarias menos concentradas. Es el punto de partida necesario para salir de falsas antinomias rural-urbanas y que facilitará que las visiones más retrógradas de ciertos dirigentes agropecuarios o de desconocimiento desde la urbe de los grandes cambios desarrollados en el agro, queden aisladas de las tendencias de la dinámica social.

Fuente: Clarin


2 comentarios:

Abuelo Económico dijo...

qué bueno volver a leerlo.

Gracias por colgar esta nota de Clarín, se me había pasado.

Saludos y le deseo un buen 2007.

Mariano T. dijo...

Las políticas de tipo de cambio igual PARA TODOS, ya sea alto , medio o bajo es lógico que sean deseadas más por los productores que las que se basen en una confiscación discrecional del excedente de un tipo de cambio alto.
Lo más jodido es la discriminación, siempre te queda la sensación de que te estan rompiendo la nalga.

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