Fracasos del Estado

Los enemigos de la política industrial opinan que el fracaso del Estado es por lo menos tan frecuente como el fracaso del mercado. Además, el fracaso del Estado generaría mayores pérdidas de bienestar. El fracaso del Estado puede ser resultado de diversas razones. No existe razón ninguna que permita suponer que el Estado dispone de ventajas, en relación con el sector privado, por ejemplo respecto del análisis de los desarrollos actuales y futuros de la tecnología. Por lo tanto, existe el gran riesgo que el Estado se equivoque en sus decisiones entre las diversas alternativas tecnológicas disponibles. Para las empresas, el éxito en el mercado es el criterio predominante. En cambio, los burócratas pueden perseguir otros objetivos, de tal manera que es posible que el criterio del éxito de mercado y los factores relacionados con él —por ejemplo, decisiones rápidas— tengan menos relevancia.A menudo, el Estado se enfrenta con dificultades para definir criterios claros para la concesión de apoyos, por ejemplo en cuanto a la definición de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o con respecto a un plazo determinado de duración para la aplicación de los instrumentos. Estos problemas se presentan con mayor fuerza en los casos de industrias en crisis, cuando muchos puestos de trabajo están en peligro y la presión política por proteger y apoyar a las empresas es grande. Muchas compañías tienden a confiar en su capacidad de conseguir apoyo político, representando éste una alternativa cómoda para hacer frente a la creciente presión competitiva. Medidas de fomento y protección, por lo tanto, pueden provocar que las empresas no tomen las decisiones pertinentes para enfrentar la necesidad de realizar ajustes. Si el Estado fomenta a una empresa en particular o a un número limitado de empresas que operan en un sector, tienden a producirse distorsiones en las relaciones de competencia que van en desmedro de aquellas empresas que no reciben el respaldo estatal. Debido a las dificultades que indudablemente existen para establecer criterios claros y objetivos para la concesión de los apoyos estatales, y porque tales decisiones a menudo son tomadas bajo fuertes presiones políticas, las empresas seleccionadas frecuentemente no son aquellas que merecen ser apoyadas, en el sentido de ofrecer los proyectos más interesantes o los efectos externos más significativos, sino aquellas que disponen de los mejores contactos políticos. Lo que en la vida real frecuentemente decide, no son sólo los argumentos razonables, sino la capacidad de movilizar el apoyo político. Los políticos se ven expuestos a la constante presión por apoyar a ramas industriales sacudidas por una crisis profunda, para conservar los puestos de trabajo de personas que podrían votar por ellos.