Ciencia: la oferta y la demanda

A mediados del siglo pasado la ciencia y la tecnología se convierten en asuntos de Estado. En 1950 se crea en México el Instituto Nacional de la Investigación Científica, en 1951 la Comisión Nacional de Energía Nuclear en la Argentina y ese mismo año el Consejo Nacional de Investigaciones del Brasil. Si bien en la creación de los Institutos Tecnológicos subyacía la idea de difundir la ciencia aplicada y promover el desarrollo tecnológico, los primeros esfuerzos en la región -en línea con el modelo que seguían los países desarrollados- se caracterizaron por un enfoque “ofertista” representado a través del llamado modelo lineal. Cabe acotar que este enfoque se basa en la suposición de que el conocimiento puede ser expresado como una línea continua, con un gradiente que va desde un extremo de mayor abstracción (investigación básica) hasta otro más vinculado con problemas prácticos (investigación aplicada y producción de tecnología). De esta forma, el progreso tecnológico es concebido como un proceso unidireccional, el empuje proviene de la investigación básica que fija el ritmo de dicho progreso, y la aplicación de los conocimientos se da al final del proceso. La tendencia de la CyT en la región fue la de promover la investigación básica y aplicada según el modelo ofertista. En muchos países se creó la carrera del investigador, se instrumentaron programas de becas y se financiaron proyectos de investigación. Ahora bien, a partir de la década del ’60, surge un importante movimiento que critica este enfoque sosteniendo que la ciencia y la tecnología latinoamericana mostraban un fuerte carácter elitista y se hallaban desconectadas de la sociedad y del sector productivo local. Sábato afirmaba: que la acción de insertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo significa saber dónde y cómo innovar. Este proceso político constituye el resultado de la coordinación de tres elementos fundamentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas: el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica. Es importante aclarar, que esta línea de pensamiento surgió más de una práctica que de teorías, práctica que podemos identificar fundamentalmente con la desarrollada en algunas empresas públicas comprometidas con la creación de una capacidad tecnológica local como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina y la Empresa Aeronáutica de Brasil (EMBREAR). En los `80 en las empresas públicas en siderurgia de México, Brasil y Argentina, de petróleo en Venezuela, informática en Brasil, en los ´90 la biotecnología en Cuba. Lamentablemente, se trata de algunos casos, este tipo de desarrollo no se dio en forma homogénea, ni en todos los países ni en todos los sectores. Y eso se debe a que en la región, a los problemas de la oferta que se manifiestan por ejemplo en la distancia que separa a la comunidad científica de los problemas de la sociedad local o en la falta de eficacia y eficiencia de los organismos de ciencia y tecnología locales, se suman graves problemas del lado de la demanda. No existe en Latinoamérica una demanda real de desarrollos científicos y tecnológicos por parte del sector productivo, ni hacia los centros de investigación públicos o universitarios. La escasa demanda del sector productivo local se ha visto satisfecha desde el extranjero, profundizando la dependencia tecnológica que se ha convertido en un problema estructural para América Latina. ¿Cómo se explica esta situación? Durante la mayor parte de la historia económica latinoamericana, los beneficios extraordinarios del conjunto de la cúpula económica HAN DERIVADO DE SITUACIONES MONOPÓLICAS NO BASADAS EN LA INNOVACIÓN SINO EN LOS PRIVILEGIOS. Consecuentemente, estos poderosos actores dedicaron recursos exiguos a la I+D y no necesitaron demandar al Estado ni actividades, ni políticas de CyT. Este problema se profundizó notablemente a lo largo de las últimas décadas, observándose que los beneficios extraordinarios de la cúpula económica en los países latinoamericanos estuvieron basados substancialmente en la propiedad de recursos naturales escasos, en la concesión de privilegios por parte del Estado y en el aprovechamiento de mano de obra barata. En suma, la innovación tuvo una muy baja prioridad. También es importante destacar, que este problema ha incidido, además, en la forma de financiamiento de la ciencia y la tecnología en la región. En América Latina la alta participación del sector público en el financiamiento del área de Ciencia y Tecnología se presenta como un rasgo estructural. En efecto, casi las dos terceras partes de la inversión en I+D es financiada por el presupuesto público y sólo un tercio por las empresas, contrastando con la estructura de financiamiento que se observa en los países industrializados donde la relación es inversa ya que aproximadamente las dos terceras partes de los recursos provienen de las empresas. En 1999, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en América Latina fue del orden de los 10.000 millones de dólares, -el 1,9% de la inversión mundial en I+D-. Este dato resulta significativo cuando se lo compara con la inversión realizada por algunos países desarrollados, como por ejemplo EEUU donde la inversión en I+D fue del orden de los 250.000 millones de dólares, o Canadá que destinaba a I+D en ese mismo año, más de 12.000 millones de dólares, superando este sólo país al conjunto de los países latinoamericanos. La inversión media de Latinoamérica en I+D es del 0,59% del PBI. Latinoamérica en su conjunto como los diferentes países que la componen, invierten en Ciencia y Tecnología un porcentaje inferior al que podría esperarse respecto de su producto. En cuanto a la composición de la inversión para el año 1999, el indicador de inversión en I+D por sector de financiamiento muestra que casi las dos terceras partes de la inversión en I+D en el continente es financiada por el presupuesto público y sólo un tercio por las empresas. Aunque a lo largo de la última década, en particular desde 1994, la participación empresarial mostró un incremento –creció del 20% al 36%- esto se dio en forma paralela a un detrimento de los organismos públicos de investigación que redujeron su participación del 27% al 22% y de las Universidades donde se produjo una detracción del 10%. Con todo, esta estructura de financiamiento contrasta con la de los países industrializados donde la relación es inversa ya que aproximadamente las dos terceras partes de los recursos provienen de las empresas. En Japón por ejemplo la participación empresarial es del 73%, mientras que en EEUU es del 66% y en Europa del 54%. En América Latina las empresas ejecutaron durante el año 1999 el 36% de los recursos destinados a I+D mientras que las Universidades ejecutaron el 42% y los centros públicos de investigación el 22% restante. Esta modalidad, contrasta con la que caracteriza a los países más desarrollados. Por citar algunos casos, en el mismo año, en EEUU el 76% del gasto en I+D era ejecutado por las empresas, en Japón el 71% y en Europa el 64%. En América Latina es notable el énfasis que se pone en las actividades de investigación respecto de las de desarrollo. En la mayor parte de los países la porción sustantiva de la inversión en I+D se destina a investigación básica y aplicada, en tanto que LA INVERSIÓN EN DESARROLLO EXPERIMENTAL es prácticamente insignificante. Aun en un contexto de profunda crisis económica los países de la región aparecen fuertemente inclinados hacia el extremo más básico y teórico de la investigación científica; observándose una débil articulación entre las actividades de investigación y las actividades productivas y de innovación. Este modelo contrasta con el que siguen la mayoría de los países industrializados, donde la inversión EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO EXPERIMENTAL, en casi todos los casos, supera el 60% de la inversión en I+D. En suma, esta estructura de utilización de recursos evidencia la escasa vinculación de las instituciones científicas y académicas latinoamericanas con las empresas y los actores que utilizan y aplican el conocimiento científico y tecnológico. Para tener una visión más relevante de este aspecto, es interesante observar la relación entre el número de investigadores y la cantidad de población, o bien respecto de la población económicamente activa (PEA). Así, vemos que en el año 1999 América Latina no llegaba a contar con un investigador por cada mil habitantes de la PEA mientras que la Unión Europea contaba con cinco, los países nórdicos con más de siete y EEUU con más de ocho. Por último, se debe apuntar que, además que los investigadores latinoamericanos deben desarrollar sus tareas en un entorno de fuertes limitaciones presupuestarias, lo cual incide en las condiciones de trabajo. En términos relativos, los investigadores de nuestra región cuentan con aproximadamente la mitad de los recursos con los que cuentan los investigadores en Japón o los países nórdicos, y la distancia se profundiza aun más en el caso de EEUU o de los países de la Unión Europea. También es posible identificar déficits en la planificación e implementación de políticas CTI (Ciencia, Tecnología, Innovación). En este sentido, la mayoría de las políticas implementadas en América Latina han resultado poco eficaces para impulsar esfuerzos sostenidos de innovación local y de interacción entre las unidades de I+D y el sector productivo. Como consecuencia, las investigaciones científicas y tecnológicas de cuño local tienen una escasa incidencia en las dinámicas regionales de innovación. Este problema se constituye en una importante debilidad, sobre todo por las dificultades estructurales que en el ámbito de la oferta y la demanda caracterizan a los sistemas CTI latinoamericanos. El panorama descrito, pone de manifiesto que Latinoamérica muestra una debilidad estructural en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación que atañe a la región en su conjunto.


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