jueves, 15 de septiembre de 2005

Jubilandose en el libre merdado

El sistema de pensiones de libre mercado chileno se ha puesto como ejemplo para el resto de los países. Pero los costos para el gobierno son mucho más altos de lo que se predijo, los pagos a los contribuyentes mucho más bajos y con todo ello muchos chilenos son dejados fuera del sistema. En Chile mucha gente nunca es capaz de pagar lo suficiente como para reunir los requisitos que dan derecho a la mínima pensión de jubilación. Las pocas compañías privadas que componen el sistema tienen la capacidad de, esgrimiendo su poder oligopolístico; cargar sustanciosos honorarios obteniendo con ello grandes ganancias. Además el nuevo sistema, de hecho, no ha reducido la carga para el Tesoro Público que continúa pagando grandes sumas en pensiones de jubilación. En 1980, los “Chicos de Chicago” anunciaron la privatización de la Seguridad Social. Este sistema basado en el mercado, decían los Chicos de Chicago, daría a un trabajador chileno la libertad de contribuir en su jubilación según su propia elección, con el conocimiento de que ese salario retenido se invertiría y le sería permitido acumularlo individualmente en las transparentes, sagaces y eficientes manos del gestor de fondos privado con un mejor resultado que si era amontonado junto a las retenciones de otros empleados en el antiguo sistema público. Asimismo con el nuevo sistema, los empresarios eran “liberados” de pagar las contribuciones obligatorias para sus empleados y así podían ser más competitivos en los mercados nacionales e internacionales. En 1981 el gobierno de Pinochet comenzó a retirarse progresiva y unilateralmente del sistema de Seguridad Social público, reemplazándolo con compañías privadas conocidas como Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs). Hoy por hoy es la única forma de asegurarse una jubilación para la mayoría de los trabajadores en Chile. Desde que el sistema se introdujo, el número de gente afiliada con un AFP ha aumentado constantemente hasta llegar a los más de seis millones, virtualmente igual al tamaño de la población económicamente activa de Chile. Pero de los que están apuntados, sólo alrededor del 44% paga regularmente al sistema. El otro 56% tiene pocas oportunidades de conseguir hacer los 240 pagos mensuales necesarios que les darían derecho a recibir el mínimo ingreso mensual de jubilación garantizado por el gobierno. El hecho que el 56% de los chilenos sean capaces de hacer, a lo más, pagos irregulares, tiene sus raíces en la naturaleza precaria del trabajo temporal, estacional e informal hay Chile por obra y gracia de la flexibilidad que impuso el régimen pinochetista. Muchos trabajadores agrícolas, por ejemplo, a menudo tienen trabajo constante sólo cuatro meses al año, así que necesitarían trabajar 60 temporadas para acumular las 240 contribuciones mensuales necesarias para garantizar los ingresos mínimos de jubilación. Las industrias exportadoras más dinámicas y con más demanda de mano de obra de Chile—fruta, forestal, pesca y aquacultura—tienen todas ellas demandas estacionales de trabajo y condiciones laborales “flexibles” que es lo que caracteriza todavía a la mayoría de los servicios y trabajos manufactureros. Con pocas oportunidades de aspirar a obtener el mínimo de pensión de jubilación, la gente trabajadora con bajos salarios y trabajo irregular tiene pocos incentivos para contribuir a los fondos de pensiones. Los que no reúnen los requisitos para poder obtener la pensión mínima de jubilación deben fiarse de la familia o solicitar una ayuda pública limitada en disponibilidad cuyo valor ronda la mitad de la pensión mínima de jubilación. Cuando en 1980 fue adoptado el decreto que establecía el sistema de los AFPs, se afirmó que “el costo de la reforma al Tesoro Público es cero.” La realidad es que el costo para el Tesoro Público ha sido significativo ya que el gobierno ha asumido costos mucho más elevados de los previstos. El mayor costo para el gobierno es que todavía tiene que pagar beneficios a 1.4 millones jubilados en el viejo sistema público dado que sólo unos pocos contribuyentes activos aportan fondos a ese sistema. Además, el gobierno tiene que proporcionar un “un bono de reconocimiento” a los que se cambiaron al sistema privado. Juntos estos dos costos del gobierno constituyen el 3% del PIB de Chile. Mientras estos costos de transición eventualmente disminuirán, otros costos son permanentes y seguro que se incrementarán. El sistema público de jubilación de la policía nacional y de las fuerzas armadas se dejó intocado por la reforma de 1981, creando un déficit anual continuado que promedia un 1.5% del PIB. La dictadura militar sospechosamente nunca puso su propia jubilación en el sector privado ¿por qué? ¿no confiaban en sus bondades?. Pero aún hay más, los jubilados del sistema de los AFP es posible que también se conviertan en una carga financiera en aumento para el estado. Si la recaudación privada sigue como esta, el gobierno tendría que garantizar la jubilación a cerca del 58% de los trabajadores. Es probable que la mayoría de los contribuyentes no estén en disposición de acumular los fondos necesarios para financiar la pensión mínima legal. por lo tanto tendrán que buscar el apoyo complementario del estado. De 1974 a 1980, el costo de mantenimiento del sistema público para el Tesoro promedió un 2.4% del PIB. Desde la creación del sistema de los AFPs, el costo para el Tesoro Público para mantener al sistema público y al sistema privado han promediado un 5.7% del PIB. Y así se mantendrá durante los próximos 20 años. A pesar de que virtualmente la jubilación de todos los trabajadores ha sido privatizada, el gobierno continuará teniendo que hacer desembolsos substanciales generales al margen de sus ingresos para suplir los inadecuados ahorros que brinda el sistema de Seguridad Social privado. Esto es lo que Lawrence calla al recomendar este sistema para todo el universo conocido.

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