Inducida por la crisis internacional de 1874 nació en la Argentina la primera legislación de proteccionismo industrial a escala nacional. Las posteriores crisis del régimen capitalista mundial (1890, 1914, 1930 y 1939) también contribuyeron a diversificar e industrializar la economía pastoril y agrícola del país. A excepción de la de 1874, las crisis referidas si no coincidieron con gobiernos conservadores sí lo hicieron en tiempos donde la Argentina no se propuso ni estuvo en condiciones de ser otra cosa que una factoría exportadora de granos y carne. Así hasta 1946. Ahora bien, a diferencia de sus hermanas del siglo XX, la presente crisis no sólo coincide con un gobierno productivista sino también con un contexto regional sumamente favorable. Desde esta perspectiva y en función de la experiencia histórica, la crisis actual debe ser vista y aprovechada como un nuevo obsequio para la definitiva reestructuración del modo de acumulación en la Argentina. La gran oportunidad –más que consolidar al país como la verdulería y la carnicería del mundo– pasa hoy por darle impulso a la revolución industrial pendiente. Una industrialización masiva, apuntalada desde un Estado inversor, con contralor, planificador, empresario e industrial, aliado al sector privado, pero fundamentalmente a los Estados miembros del Mercosur y de Unasur. Una transformación industrial que deberá ser permanente para no fracasar, requiriendo para ello –y al igual que en los países del centro en los siglos XVIII y XIX– de la captación estatal de las rentas estratégicas y la explotación masiva de los recursos naturales (energéticos, mineros y agrarios) dirigida al desenvolvimiento de las fuerzas productivas locales, al mercado interno y al levantamiento de una plataforma científica y tecnológica avanzada y autónoma.
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