Medidas para el desarrollo industrial

Hay mucho de positivo en la actual crisis internacional, porque no sólo se han caído los falsos argumentos de las teorías neoliberales y del fundamentalismo del mercado sino que también quedó cuestionado el dinero –el capital– como creador de valor, o sea de trabajo. Es el conocimiento aplicado a la producción industrial el que genera el valor y el trabajo. En la Argentina hubo varios intentos de promover el desarrollo industrial y también varios intentos deliberados de destruirlo. No es casualidad que quien más hizo por destruir la industria nacional, la última dictadura, haya sido el autor de la ley de facto –ley 22.021– aún vigente de promoción y desarrollo. En otras palabras: no existen promociones industriales; las que existían fueron derogadas. La ley 22.021 es el único régimen de promoción nacional que otorga la facultad de aplicar impuestos nacionales para actividades productivas difiriendo su devolución hasta un plazo posterior variable, según el proyecto, a su puesta en marcha. Esta ley de facto está vigente pero en la práctica… no existe. En el Presupuesto de 1999 se le incorpora cupo fiscal a instancia de los diputados nacionales de Santa Cruz , por primera vez, pero el gobierno de la Alianza lo veta y las sucesivas leyes de Presupuesto nacional no le otorgaron cupo fiscal. Con el veto del Ejecutivo en 1999 este se comprometió a enviar un nuevo proyecto cosa que nunca a hecho. También, en esos años, varios legisladores nacionales de provincias del norte argentino presentaron un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario. Se planteaba utilizar como fondo inicial el de las AFJP, para generar empleo en número significativo, con inversiones en todo el país. Este proyecto se rechazo de plano. Pero si se aceptó que las AFJP financiaran por más de 15.000 millones a empresas del extranjero y a empresas extranjeras, en suelo argentino, de alta concentración económica. ¿Qué resultado se hubiera obtenido si esos fondos se hubieran utilizado para el desarrollo productivo de pequeñas y medianas empresas argentinas con un perfil innovador?. Nunca lo sabremos. El proyecto ni siquiera tuvo tratamiento. En la Argentina los criterios de no promoción han estado basados en principios de libertad de mercado, de no ingerencia del Estado y de resguardo de los costos fiscales. Este concepto parte de dos errores. Uno, considerar que la actividad productiva, en las zonas subdesarrolladas, existiría igual sin la promoción. El otro, que los fondos destinados a promoción son costos y no inversiones. Nunca se ha tenido en cuenta el recupero en impuestos que genera cada proyecto productivo. Lo que en principio el Estado no recibe por la puesta en marcha de inversiones productivas se recupera (y con incrementos) con la generación de nuevos y diversos tributos. De manera que las promociones industriales bien hechas terminan por no tener costo fiscal.

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