Las políticas científicas en la Argentina suelen apegarse a modelos normativos que son motivados por escenarios coyunturales o de corto plazo. Suelen mirar los casos exitosos y apostar a diversas estrategias de mímesis y trasplante. Y esto por una razón sencilla: falta la producción académica local capaz de asegurar un conocimiento riguroso del propio escenario como condición de posibilidad para la formulación de una política robusta de largo plazo. Por más obvio que resulte la necesidad de conocer la propia realidad nadie intenta hacerlo. ¿Quién dudaría de que son dignos de ser estudiados y comprendidos en profundidad el Instituto Balseiro o la Fundación Instituto Leloir como formas institucionales, la relación de CNEA con las universidades públicas, la construcción de vínculos de la Planta Piloto de Ingeniería Química con el complejo petroquímico de Bahía Blanca, las sucesivas políticas del INTA respecto de la propiedad intelectual o los “estilos” de organización y gestión del INTI en los últimos 30 años?. Sin embargo, nadie lo hace. Es imprescindible mirar y aprender de las experiencias exitosas del extranjero, pero no se deben descuidar el estudio y el análisis de las experiencias propias. Hace falta una mirada mucho más esforzada, elaborada de las necesidades, de las capacidades y de las idiosincrasias propias. La carencia en este terreno es evidente, si se piensa que no existen historias críticas ni estudios sobre el desempeño actual del INTA ni del INTI ni del Conicet, para citar sólo algunos casos que saltan a la vista. Se obliga anualmente a más de 100.000 alumnos a cursar una materia de "epistemología” (Introducción al pensamiento científico) en el CBC de la Universidad de Buenos Aires. Allí se les habla de Popper y Hempel o del método hipotético-deductivo, pero ni palabra de quién fue Bernardo Houssay o Enrique Gaviola, de dónde salió el Conicet o qué es hacer ciencia en América latina. Simultáneamente, la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA hoy no tiene instalaciones ni cargos docentes permanentes ni el apoyo de los cinco decanos de las facultades que se comprometieron a sostener esta carrera. Así, no debe causar sorpresa que la mayoría de los argentinos (62%) no sabe de ninguna institución científica que exista en el país.
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