La economía macrista en pocas palabras

¿Qué es lo que hacen los especuladores financieros, hoy?: ingresan dólares y compran pesos. Entonces,  la enorme cantidad de dólares que entran provienen del sistema financiero y no de los granos y de los subproductos, ni de la producción industrial, nada. Argentina es uno de los países más estúpidos que hay sobre la tierra, pero estúpido con ganas. Está pasando lo mismo que pasó con Martínez de Hoz y lo mismo que con Cavallo. Sigamos, los dólares que ingresan a la Argentina y se transforman en pesos, ¿por qué motivo?: para aprovechar las altas tasas de 27%, ¡si 27 %!, ¿en qué otro lugar del mundo ofrecen estas tasas a dinero que no hace nada, que no produce nada, que no sirve para nada salvo cobrar altas comisiones? Ninguno, solo en el país de los estúpidos neoliberales argentinos y los argentinos estúpidos que los votan. Entonces, las tasas obtenidas por quienes vuelcan sus fondos en el sistema superan el nivel del 27% anual. Claramente, tales tasas se ubican por encima de la inflación esperada. La ganancia es seguro, el riesgo inexistente. La apreciación del peso, que conlleva la baja del dólar, se retroalimenta con el permanente ingreso de fondos, lo que es una burbuja que se infla hasta explotar. Cuando los inversores calculan que el país está a punto de estallar o cuando consideran que han ganado lo suficiente, simplemente se retiran, venden los pesos, compran los dólares y se van a donde vinieron ¿y nosotros? nos vamos a la mierda. Está en la economía este pais de hoy, de ayer y de siempre. 

Ortodoxos en su laberinto

Los creadores de símbolos neoliberales afirman que los economistas ortodoxos poseen la virtud de saber lo que hay que hacer ya que sus conocimientos técnicos los capacitan para realizar una política económica exitosa. Al contrario, los keynesianos sólo serían improvisados mentores del populismo trasnochado. Se trata de una afirmación pretenciosa ya que los resultados de las políticas económicas que los economistas ortodoxos implementaron no condicen con esta afirmación que carece de todo asidero histórico. El último ensayo económico de la versión “sangre, sudor y lágrimas”, el de Fernando de la Rúa, tuvo el final que se sabe. Reducir las jubilaciones y los salarios no sólo fue una impericia política, fue también una torpeza económica. Es fácil notar que la diferencia entre los economistas keynesianos y los ortodoxos es que estos últimos han aplicado políticas económicas que favorecieron a los más ricos y provocaron crisis económicas terribles y que los keynesianos tuvieron que solucionarlas. Esto no sólo sucedió en Argentina sino también en los Estados Unidos, en Japón y en Europa.

Los economistas ortodoxos asestan afirmaciones perentorias que invocan la economía mágica, “la economía vudú” como la llama Paul Krugman, y sus explicaciones son raras e imprecisas ya que no exponen un conjunto de argumentos sólido y estructurado. Sostienen que si se bajan los salarios las empresas podrán disminuir sus costos y bajar sus precios lo cual les permitirá vender más y ganar más. La afirmación, que encarama la baja de los salarios a la categoría de panacea económica universal, permite soslayar la explicación de las consecuencias de esta medida. Ya que si se disminuye el volumen de los salarios recibidos entonces se contraerá la cantidad de los productos que podrán comprarse con ingresos más bajos. Dejan así, de lado, un aspecto central de uno de sus raros argumentos plausibles que es la interacción entre los mercados. Los colegas que defienden el “libre mercado” no pueden ignorar que este está compuesto por la oferta y la demanda y que si los ingresos que constituyen la demanda global se reducen, las ventas y el empleo también bajarán.

El análisis de los programas económicos de los últimos 40 años muestra que cuando los gobiernos militares o democráticos limitaron la regulación de la economía por parte del Estado disminuyeron los salarios reales y se dejó la economía a la merced de “los vientos del mercado”, la economía se derrumbó. Conviene recordar que en el cuarto de siglo que va 1976 y 2003 la inversión retrocedió en 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1995, 1999, 2000, 2001 y 2002. Otra de las afirmaciones de la economía vudú señala que cuando los salarios y las jubilaciones disminuyen la Argentina se enriquece, lo cual quiere decir que cuando la mayoría de las personas se empobrece entonces la riqueza del conjunto se incrementa. Es una aserción osada y difícil de sostener.

Una mirada más sagaz muestra que el ingreso total del país está compuesto por la producción de los servicios (públicos o privados), de la industria y de la agricultura. La primeras dos componentes representan 92 por ciento del producto global y casi el 95 por ciento del empleo y el consumo interno representa el 80 por ciento del Producto. Como el nivel del consumo depende de los salarios y de las jubilaciones cuanto más bajos sean estos será el consumo puesto que la mayor parte de los trabajadores o los jubilados gastan todo lo que ganan. Un simple cálculo utilizando la regla del tres permite mostrar que una caída del consumo del 10 por ciento reduce el Producto Bruto Interno del 8 por ciento.

Otra propuesta de la economía mágica afirma que hay que aumentar los precios de ciertos bienes, sacando los subsidios, de los transportes, del gas, de la electricidad, de los combustibles, de la salud. Aquí también el razonamiento es incompleto. La parte del ingreso necesaria para procurarse esos insumos aumentará luego del aumento de sus precios y esto implicará una reducción del remanente del ingreso de las familias para comprar otros bienes. Y esto significa reducir el poder de compra de los trabajadores y de los jubilados, amén de incrementar los costos de las empresas y por ende la inflación.

Si mis colegas ortodoxos dejaran de referirse a la economía vudú y pudieran mostrar un solo ejemplo de un programa neoliberal, de austeridad, exitoso en los últimos 85 años no tendrían que hacer gala de esa imaginación desenfrenada. Les alcanzaría con decir que en ese momento sucedió lo que ellos dicen y que la propuesta de encender la hoguera purificadora de los supuestos pecados económicos populistas tuvo éxito alguna vez.

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Los fiascos del ‘Made in Germany’

La venerada imagen que tiene Alemania de ser un país eficiente y puntual y cuyo emblemático sello de exportación Made in Germany es aceptado en todo el planeta como garantía de calidad, sufrió un duro golpe el fin de semana pasado a causa de una saga digna de un filme de villanos que se creen muy astutos. Volkswagen, una de las joyas más preciadas de la gran industria alemana y que da empleo directo a unas 600.000 personas en todo el mundo, se vio obligado a admitir que había engañado a las autoridades medioambientales estadounidenses al instalar un refinado software que le permitía trucar las emisiones de gases tóxicos en varios modelos con motores diésel.

El escándalo, de consecuencias aún por definir, ya le costó el cargo al presidente de la junta ejecutiva del grupo, el venerado Martin Winterkorn, y amenaza con dejar sin trabajo a varios otros altos ejecutivos. Peor aún, el engaño dejó al desnudo que en la planta noble del consorcio, que tiene su sede en Wolfsburgo, se aprobaron estrategias con el objetivo de violar las reglamentaciones europeas y las rígidas leyes medioambientales en Estados Unidos, medidas fraudulentas para facilitar la venta de estos automóviles en un mercado reacio a los motores diésel.

El precio que deberá pagar Volkswagen por el engaño aun se desconoce, pero el escándalo revivió un aspecto poco conocido de la primera potencia económica de Europa. ¿Es Alemania un país corrupto y los ejecutivos forman una familia sin escrúpulos donde impera el lucro por encima de la honestidad? El interrogante no es gratuito y este aspecto poco conocido del país ha merecido en el pasado varias portadas de los medios más importantes, cuando se hicieron eco, o descubrieron, varios escándalos de corrupción protagonizados por firmas tan emblemáticas como Siemens, por bancos como el Deutsche Bank y el Commerzbank y también por las familias políticas y los sindicatos.

En 1982, el país se quedó sin aliento cuando la revista Der Spiegel descubrió que Friedrich Karl Flick, dueño del imperio privado más grande del país, había repartido decenas de millones de marcos entre los cuatro partidos políticos que tenían representación en el Bundestag, el SPD, la CDU, la CSU de Baviera y el pequeño partido Liberal (FDP), para obtener una exención fiscal para la venta de un paquete de acciones de Daimler Benz, valorado en 2.000 millones de marcos. “No puedo recordar nada sobre ese acontecimiento”, dijo Helmut Kohl ante una comisión parlamentaria que lo interrogó en 1984, una declaración que lo convirtió en el protagonista del primer ‘apagón’ de la política alemana. Su partido, la CDU, había recibido más de 16 millones de marcos.

La gran industria alemana se benefició hasta 1998 de un interesado vacío legal que le permitió pagar sobornos en medio planeta y desgravar de impuestos el dinero utilizado para obtener contratos. Este sistema permitió a Siemens, otra joya de la gran industria germana, expandirse con rapidez por los mercados en vías de desarrollo. En España, la empresa pagó comisiones millonarias y terminó creando una “caja negra” para seguir pagando sobornos después de que el Gobierno alemán tomara medidas para frenar estas prácticas.

En 2008, la empresa Siemens fue obligado a pagar una multa de unos 1.000 millones de dólares tras haber sido hallada culpable de haber cometido por más de 400 casos de soborno en casi todo el mundo. Un año más tarde otra empresa alemana, el fabricante de vehículos pesados MAN, actualmente filial de Volkswagen, fue condenada a pagar una multa de 150 millones de euros después de demostrarse en los tribunales que había pagado sobornos en Europa, África y Asia para vender camiones y autobuses.

La gran banca tampoco es ajena al síndrome de la corrupción en Alemania. En junio pasado, los dos presidentes del Deutsche Bank, la principal institución financiera, se vieron obligados a renunciar después de soportar un aluvión de críticas por un pecado cometido por la institución. El banco había sufrido una importante derrota legal ante los supervisores de Estados Unidos y Gran Bretaña que le obligaron a pagar una multa de 2.500 millones de dólares por haber manipulado durante cuatro años el precio del Libor, el Euribor y el Tibor, los tipos de interés que se aplican en Europa a los préstamos entre bancos.

Un mes antes, el Commerzbank había aceptado pagar una multa de 1.450 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, tras reconocer que había realizado operaciones comerciales con dos países embargados, Irán y Sudán. La picaresca alemana no es nueva y varios expertos creen que la afición por el soborno, el engaño y las trampas, nació en 1949, cuando en el recién creado Bundestag se debía votar la capital provisional del país —Bonn o Fráncfort—. Varios parlamentarios recibieron la suma de 20.000 marcos para inclinar la decisión a favor de Bonn, la ciudad elegida por Konrad Adenauer.

La corrupción empresarial en Alemania también puso fin a la exitosa carrera política de varios importantes dirigentes alemanes y a uno de los más importantes líderes sindicales del país. En 1983, el ministro presidente del Estado libre de Baviera, Max Streibl, se vio obligado a renunciar cuando admitió que tenía muchos amigos en el mundo (la palabra “amigos” la pronunció en español). Uno de los amigos era Burkhardt Grob, un rico empresario que lo había invitado a pasar esplendidas vacaciones en Brasil. Como agradecimiento, el político bávaro autorizó varios encargos multimillonarios para el empresario “amigo”.

Ese mismo año le tocó el turno a Franz Steinkühler, el entonces presidente de sindicato IG Metall, el más grande y rico del mundo. El sindicalista y militante del SPD utilizó información privilegiada para especular en la Bolsa de Fráncfort. Gracias a su condición de miembro del Consejo de Vigilancia de Daimler Benz, Steinkühler se enteró con varios días de anticipación de la fusión de Mercedes AG Holding con Mercedes Benz y compró acciones por valor de un millón de marcos que le dejó un una jugosa ganancia, pero le costó el cargo.

Casos sonados

Siemens. En 2008, la empresa Siemens tuvo que pagar una multa de unos 1.000 millones de dólares por más de 400 casos de pagos de sobornos en todo el mundo.

MAN. El fabricante de vehículos, filial de Volkswagen, pagó en 2007 una multa de 150 millones de euros por pagar sobornos en Europa, África y Asia para vender camiones y autobuses.

Deutsche Bank. El banco fue multado este año con 2.500 millones de dólares por manipular los tipos de interés que se aplican a los préstamos.

Commerzbank. La entidad pagó 1.450 millones de dólares por transacciones con países bajo embargo.

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El fin de la guerra contra las normas

Dato: el consejero delegado de Volkswagen ha dimitido tras saberse que su empresa ha cometido un fraude a escala colosal, al instalar en los coches diésel un programa informático que detectaba cuándo se estaban midiendo las emisiones y generaba resultados engañosamente bajos.

Dato: han condenado al expresidente de una empresa de cacahuetes a 28 años de cárcel por distribuir a sabiendas productos contaminados que, a continuación, causaron la muerte a nueve personas y enfermaron a 700.

Dato: Turing Pharmaceuticals, especialista no en inventar nuevos fármacos sino en comprar los que ya existen y subirles el precio, ha adquirido los derechos de un medicamento empleado para tratar las infecciones parasitarias. En este caso, el precio pasó de 13,50 dólares por pastilla a 750.

En otras palabras, son días interesantes para los expertos en empresarios rapaces.

No me cabe duda de que, como a cualquiera que señale los defectos éticos de algunas compañías, me acusarán de demonizar a las empresas. Pero lo que afirmo no es que todos los empresarios sean demonios, sino que hay algunos que no son ángeles.

Bueno, antes lo sabíamos, gracias a un puñado de periodistas y reformistas de principios del siglo XX. Pero Ronald Reagan insistía en que el Gobierno siempre es el problema, nunca la solución, y esto se ha convertido en un dogma de la derecha.Resulta que, en el mundo empresarial, hay personas que harán lo que sea, incluso permitir que muera gente con su fraude, con tal de ganar dinero. Y necesitamos una reglamentación eficaz que controle esa clase de mala conducta, especialmente para que los empresarios íntegros no estén en desventaja cuando compitan con otros menos escrupulosos. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no?

En consecuencia, una buena parte de la clase política estadounidense ha declarado la guerra hasta a las normas más claramente necesarias. De hecho, ahora hay muchísima gente importante que sostiene que las empresas no pueden hacer nada malo y que el Gobierno no es quien para poner límites a la mala conducta.

Un ejemplo que viene al caso: esta semana, Jeb Bush, que tiene el extraño don de la inoportunidad, decidió publicar una tribuna de opinión en The Wall Street Journal en el que criticaba al Gobierno de Barack Obama por aprobar “un aluvión de normas que destruyen empleo y aplastan la creatividad”. El que tergiverse unos datos estadísticos seleccionados cuidadosamente, o el hecho de que el empleo privado haya crecido mucho más deprisa con las políticas “destructoras de empleo” del presidente Obama que durante el mandato de su hermano George W. Bush es lo de menos.

El control de las emisiones de dióxido de carbono debe desaparecer, por supuesto, porque no hacer nada respecto al cambio climático se ha convertido en parte esencial de la identidad republicana. Y también hay que acabar con la reforma sanitaria.¿Y cuáles son esas normas terribles e injustificadas que Jeb Bush propone eliminar?

Pero Bush también propone suprimir las normas relacionadas con la eliminación de las cenizas de carbón, un subproducto de las centrales térmicas que contiene mercurio, arsénico y otros contaminantes que causan problemas de salud graves. ¿Les parece a ustedes que controlar este riesgo es una medida arbitraria y sin sentido?

Luego está la educación con ánimo de lucro, un sector plagado de fraudes —porque a los estudiantes les resulta muy difícil valorar lo que se les ofrece— que deja a muchos jóvenes estadounidenses endeudados hasta las cejas y sin perspectivas reales de que haya empleos mejores. Pero Bush critica los intentos de expurgar el sector.

Ah, y critica al Gobierno por “regular Internet como servicio público”, lo que puede sonar raro hasta que uno cae en la cuenta de que lo que de verdad se regulan son los proveedores de servicios de Internet, que se encuentran con poca o ninguna competencia en muchos mercados locales. ¿He mencionado que, en Europa, donde los proveedores de Internet están obligados a adaptarse a la competencia, la banda ancha es mucho más rápida y barata que en Estados Unidos?

Por último, aunque no por ello menos importante, Bush pide que se anule la regulación financiera, y repite la afirmación, probadamente falsa, de que la ley Dodd-Frank de hecho fomenta que los bancos se vuelvan demasiado grandes para ser rescatados. (Los mercados no están de acuerdo: a juzgar por lo que les cuesta prestar, los grandes bancos han perdido, no ganado, desde que se aprobó dicha ley). ¿Por qué íbamos a pensar que dejar que los bancos se descontrolen supone algún riesgo?

La cuestión es que Bush no se equivoca cuando insinúa que, durante el mandato de Obama, se ha tendido hacia el aumento de la regulación, tendencia que probablemente continúe si el año que viene gana un demócrata. Al fin y al cabo, Hillary Clinton anunciaba un plan para limitar el precio de los medicamentos al mismo tiempo que Bush daba rienda suelta a su diatriba antirregulatoria.

Pero la reacción en contra de las reglas se está produciendo por una razón. Puede que, durante la década de 1970, tuviésemos una reglamentación excesiva, pero ahora llevamos 35 años confiando en que las empresas hagan lo correcto con una supervisión mínima, y esto no ha funcionado.

Por eso, lo que hemos visto últimamente es un intento de corregir ese desequilibrio, de sustituir la oposición visceral a la regulación por un uso sensato de esta, allí donde haya motivos fundados para creer que las empresas podrían actuar de un modo destructivo. ¿Va a continuar este esfuerzo? Las elecciones del año que viene lo dirán.

Paul Krugman, premio Nobel de Economía de 2008.

The New York Times Company, 2015.

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Inédita racha negativa de la economía chilena

La productividad en Chile acumula una caída de siete trimestres consecutivos desde diciembre de 2013 hasta junio de este año, la racha negativa más extensa desde 1990 a la fecha, de acuerdo a un nuevo índice que forma parte de un convenio entre el Clapes UC y el instituto chileno Icare. En esta serie histórica, otro período prolongado de bajas en la productividad solo tuvo lugar en 2009, cuando hubo cinco trimestres consecutivos de contracción. En tanto, en los últimos diez trimestres esta variable clave en la economía ha caído en ocho oportunidades. La productividad total de factores (PTF) entendida como aquella parte del crecimiento que no es aportada por el capital ni por el trabajo, tiene distintas formas de ser estimada. Este nuevo índice se elaborará trimestralmente luego de la publicación de las cuentas nacionales del Banco Central de Chile. La primera medición da cuenta de una caída de 1,4% en el segundo trimestre de este año, superando el retroceso de 0,7% que experimentó en los primeros tres meses. Icare y Clapes UC dieron a conocer la nueva medición a empresarios y economistas. Entre 1990 y 2009 se observa un descenso persistente en el ritmo de expansión de la productividad en los distintos gobiernos, desde un crecimiento de 4,2% en 1990-1993, hasta 0,2% en 2006-2009, dijo Felipe Larraín, director del centro de estudios. En 2010-2013 el indicador marcó una expansión de 1,1%. Lo importante es entender que el problema de la economía chilena no es sólo que ha retrocedido la inversión, sino que hay una caída muy significativa en la productividad anual, la cual no se revierte sino que sigue en 2015, sostuvo Larraín.

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Combate a la delincuencia como lucha de clases

La iconografía cotidiana de la guerra contra la delincuencia organizada ha ido definiendo su carácter. Imágenes de jóvenes pobres, armados, vestidos modestamente. Movilizados en vehículos grandes, de los que sirven para hacer tareas en el campo. Adornados con relojes y cadenas de oro. Imágenes de muertos en posiciones dramáticas, apilados o abandonados en su individualidad, colocados donde supuestamente fueron matados. Imperceptiblemente, la acumulación de fotografías y vídeos, de dibujos y caricaturas, ha estandarizado la representación del contrincante. El enemigo en la guerra o lucha contra el narcotráfico es así: un joven pobre, violento, armado y peligroso, prácticamente salvaje, al que hay que vencer para recuperar o establecer la paz y seguridad de todos. La fijación cotidiana del enemigo ha permitido varias cosas. La más obvia, reducir el fenómeno delictivo a su dimensión más visible y simple: la violencia. Ello ha facilitado la reducción de los violentos, encajarlos en lo excepcional, concentrar en ellos los esfuerzos de ataque y medir los éxitos por el número de muertos, heridos o encarcelados. Como en las guerras nacionales de corte tradicional, a más inhabilitados para pelear, mayores posibilidades de triunfo. El carácter social asignado a los combatientes ha facilitado las cosas. En una guerra en la que el enemigo se compone sólo de jóvenes pobres y violentos, la prescindibilidad del grupo y de sus componentes las facilita aún más. Si se admite que la delincuencia se limita a ellos, a los que son distintos y tarde o temprano generan daño por ser quienes son, la aplicación irrestricta de violencia legítima es sólo un problema de tiempo y condiciones. Morir a manos del Estado se hace así tan evidente que todo queda reducido a saber si ello será al liberar a un secuestrado o en lo que se sigue boletinando como repeler agresiones a los cuerpos de seguridad. La fijación del enemigo-delincuente como estigma juventud-pobreza-violencia ha permitido ocultar a quienes, sin esos filtros, forman parte del mismo fenómeno delincuencial pero participan en distintas tareas. Quien se corrompe, quien lava dinero, quien lo hace circular, quien lo gasta o reparte más allá del circuito de la violencia física, ha perdido o va perdiendo condición delictiva. Será un empresario, un inteligente broker o un ambicioso emprendedor, pero no un delincuente. En caso de serlo, lo será por defraudación fiscal o por ligas demasiado directas con el mundo diferenciado de la violencia, pero no por contribuir a la circulación financiera de lo ilícitamente obtenido. El imaginario de la lucha contra la delincuencia se está convirtiendo en una nueva modalidad de la lucha de clases. Los que eran trabajadores prescindibles, son hoy sicarios, halcones y muchos hombres-funciones con estatus semejante. Su tarea es triste, previsible y evidente. Realizar las actividades delictivas que legitiman la acción estatal represiva en su contra, pero que simultáneamente permitan generar y circular grandes cantidades de dinero limpiado en economías nacionales o internacionales. Cada vez que vemos y aceptamos la idea de que el joven semidesnudo grotescamente abandonado con un arma cerca de él es la imagen misma de la delincuencia a reducir, compramos la perniciosa idea de que más allá de eliminarlos, el Estado no tenía mucho más que hacer con ellos.

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Los fondos globales: cifras que dan miedo

El negocio financiero global tiene magnitudes que a veces obligan a hacer un esfuerzo para comprenderlo. Por ejemplo el gerenciamiento de capitales, acciones y bonos creció de modo descomunal durante el año pasado.Tuvo que ver con atisbos de la recuperación económica, especialmente en Estados Unidos, pero sobre todo por la permanente intervención de los bancos centrales en los mercados (la inyección de dinero contante y sonante a cambio de la recuperación de títulos públicos). La cifra fue de US$ 74 billones (millones de millones en idioma español), más de cuatro veces el PBI de Estados Unidos. También fueron enormes las ganancias para las empresas que se dedican al negocio de gerenciar estos fondos: US$ 102 mil millones, lo que la convierte en una de las actividades más rentables a las que alguien pueda dedicarse. Sin embargo, el negocio está bajo la lupa de los reguladores en muchos países. Los gerenciadores de estos fondos comienzan a incursionar en nuevos negocios, algunos que tradicionalmente eran campo exclusivo de los bancos. Por ejemplo, otorgar préstamos. Lo que podría provocar crisis impensables hoy, sin responsabilidad y garantía que, al menos en teoría, se le exigen a las instituciones financieras tradicionales. Según un reciente informe de McKinsey sobre este tema, muchos de estos gerentes de fondos de clientes, están muy mal preparados para afrontar una crisis económica similar a la de 207/8.

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“A Grecia le iría peor”

Una reciente nota del The New York Times compara un escenario de cesación de pagos de la deuda griega con la crisis de la convertibilidad. Un exorbitante endeudamiento externo junto a una economía arruinada por años de política de austeridad son algunas de las similitudes a las que se agregó, en la última semana, el flamante “corralito” griego y la reaparición de Cavallo apoyando a la Troika desde su blog. Sin embargo, los parecidos entre Grecia 2015 y Argentina 2001 terminarían ahí.

De acuerdo al The New York Times, Argentina pudo recuperar el crecimiento económico, cancelar su deuda con el FMI e incluso “sin mucho financiamiento externo andar relativamente bien”, por ser un exportador de materias primas que se benefició del rápido crecimiento de Brasil y China. En cambio, Grecia tiene un magro perfil exportador, depende fuertemente de insumos importados de difícil sustitución, sus empresas están ampliamente endeudadas en euros con bancos del exterior y los ahorros de su población están nominados en la misma moneda. De ahí que “una cesación de pagos sería mucho peor para Grecia de lo que fue para Argentina”.

Empezando por lo último, la Argentina bajo convertibilidad también tenía una amplia porción de los ahorros y de deudas nominadas en moneda extranjera, y muchas empresas endeudadas en el exterior. La “solución” argentina, implicó una pesificación asimétrica que descargó los costos del rescate del sistema bancario y de las empresas con deudas internas en dólares sobre los ahorristas y el Estado, manteniendo el costo de las deudas externas privadas sobre las firmas endeudadas. Los griegos están a tiempo de mejorar la experiencia argentina, evitando algunos de esos costos. En el hipotético caso del renacimiento del dracma, podrían evitar la desvalorización de los ahorros manteniendo su valor en euros (depósitos euro linked) aun cuando no se permita retiros por elevados montos hasta estabilizar el valor de la nueva moneda.

Respecto a la situación patrimonial de las firmas, la continuidad de la recesión impulsada por las políticas de austeridad no es un escenario muy saludable para las finanzas empresariales. Sin embargo, la reintroducción de una nueva moneda podría incrementar el peso de las deudas internas y externas en euros, respecto a sus ingresos en dracmas. A lo hora de evaluar un apoyo financiero público, es conveniente considerar si se trata de empresas locales o extranjeras, exportadoras o que venden al mercado interno, si tienen o no depósitos en el exterior con que cubrir el descalce entre ingresos corrientes y pasivos, entre otras cuestiones.

En materia cambiaria, la estabilización argentina del año 2002 y 2003 no fue producto de un despegue exportador (que comenzó más adelante), sino del alivio que significó dejar de pagar la deuda y el derrumbe de las importaciones que provocó la caída del consumo y la inversión en el marco de la crisis. Al respecto, los datos económicos de Grecia muestran que ya en 2014 tenía superávit en el comercio de bienes y servicios, producto de la merma de las importaciones luego de cinco años de austeridad y derrumbe económico.

Si a ello se le suma el atenuante de dejar de pagar los intereses por vencimiento de deuda, la situación externa griega no parece tan catastrófica, si logra evitar una masiva fuga de capitales frente la inevitable mora en el pago de la deuda. ¿Inevitable?, la respuesta la dio el actual ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, en su libro El minotauro global: “no hay nada que nuestros orgullosos países puedan hacer más que decir no a las necias políticas cuyo real objetivo es profundizar la depresión”.

andresasiain@gmail.com

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El fiasco de la ortodoxia

El FMI publicó, el 15 de junio de 2015, un estudio cuantitativo que pone en tela de juicio un aspecto de su doctrina. Los cálculos de un grupo de sus economistas muestran que en un centenar de países cuando el 20 por ciento de los más ricos aumenta su participación en el ingreso, el PIB disminuye el 8 por mil en cada uno de los cinco años subsiguientes. Por el contrario cuando el 20 por ciento que gana menos, incrementa su participación en el ingreso, entonces el PIB se incrementa durante el mismo período el 0,38 por ciento por año. La conclusión del estudio no deja lugar a la ambigüedad ya que incita a los dirigentes a disminuir las desigualdades del ingreso a favor de los pobres y de las capas medias.

La OCDE publicó el 28 de mayo de 2015 en París el informe In it together: Why Less Inequality Benefits Alls sobre 19 países miembros. Muestra que el aumento de la desigualdad entre 1985 y 2005 produjo una disminución del 4,7 por ciento del crecimiento potencial debido a la caída de los ingresos de los 40 por ciento de la población mas pobre y da cifras alarmantes ya que calcula que el 1 por ciento de la población mundial detenta el 50 por ciento del patrimonio global.

Las instituciones económicas mundiales sostenían que el “efecto derrame” era un paliativo a la pobreza puesto que el incremento de los ingresos de los más ricos, de una u otra manera terminaba por beneficiar, se derramaba, a los que ganan menos. Por lo cual el empobrecimiento de la mayoría y el enriquecimiento de un grupo reducido no tenía un impacto negativo en el crecimiento económico. El debate sobre la cuestión había sido en parte escamoteado por los economistas ortodoxos que sostenían que la eficacia económica indicaba que el enriquecimiento de unos pocos los llevaba a invertir y crear, por ende, puestos de trabajo lo cual beneficiaba a todos. Dicho de manera más brutal, la eficacia debía primar sobre la justicia social y, eventualmente, la moral ya que, como sabe ocurrir en la realidad el enriquecimiento en la mayor parte de los casos no es la recompensa a un trabajo o de un aporte especifico a la sociedad sino la resultante de una posición privilegiada para hacer negocios.

Los cálculos indicados no han cambiado para nada la doctrina del FMI que trata de imponer actualmente a Grecia una disminución de las jubilaciones, del salario mínimo y un recorte en el gasto para la salud como un remedio a la crisis que está devastando el país. Pero el estudio presenta la ventaja de mostrar que los objetivos que el FMI dice perseguir son contradictorios con las medidas que impone para lograrlos.

Thomas Piketty mostró en su libro El Capital en el Siglo XXI que la concentración del ingreso y del patrimonio no se ha traducido en un incremento de la riqueza creada. Postuló que la tasa de aumento del patrimonio de los capitalistas era inferior a la tasa de crecimiento de la riqueza producida: vale decir que el incremento de las ganancias de los capitalistas no se dedica plenamente a la inversión puesto que utilizan una parte de ellas en bienes y actividades de prestigio, esparcimiento.

En Argentina, aunque el cálculo del patrimonio de los ricos sea más difícil, las tendencias son muy claras. En el período que va de 1976 al 2003 la inversión disminuyó en 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1995, 1999, 2000, 2001 y 2002, períodos en los cuales aumentaron el desempleo la pobreza, y la indigencia. El trabajo aparecido en 2013 en The World Top Incomes Database de la Ecole Economique de Paris en el que trabajan Piketty, Sáez, Atkinson, Alvaredo y otros investigadores, estimaba que las 1040 familias más acaudaladas de la Argentina, entre las que se encuentran Pérez Companc, Rocca, Bulgheroni, De Narváez, Pescarmona, Eskenazi, Macri, Blaquier, Braun, recibían ingresos que representan el 2,5 por ciento del PIB (alrededor de 12.500 millones de dólares).

Los cálculos del FMI, de The World Top Incomes Database y de la OCDE respaldan las posiciones de los economistas keynesianos y heterodoxos que sostienen que las políticas económicas de austeridad, llamadas también de ajuste, que infligen sacrificios a los que tienen menos, no pueden ser el fundamento de una política de crecimiento económico.

Las descripciones sobre la concentración de la riqueza o los cálculos señalados que invalidan la “teoría del derrame” son importantes ya que permiten mostrar, retrospectivamente, que la praxis económica de los neoliberales conspira contra la creación de riqueza. Presentan sin embargo el inconveniente de no explicar porque esto es así ni, sobre todo, cual es la alternativa. Keynes explicó en el Libro III, Capítulo 8 de la Teoría general que los agentes económicos que ganan mucho gastan sólo una pequeña proporción de su ingreso en consumo y los menos ricos la totalidad de lo que ganan para satisfacer sus necesidades vitales y las de su familia.

Es fácil entender que quienes consumen una parte limitada de su ingreso solo invertirán sus ahorros (la diferencia entre el ingreso y el consumo) si piensan que esta inversión les permitirá obtener nuevos beneficios. Pero para que ello suceda los nuevos bienes producidos deben se vendidos y esto será tanto más fácil si existe una distribución equitativa del ingreso. Lo cual implica que una distribución más igualitaria es una condición del crecimiento económico en la medida en que los ingresos de los que venden solo pueden provenir de los gastos de los que compran.

Si la distribución del ingreso es muy desigual esto hará que la demanda en consumo sea más baja de lo que podría ser. Cuando la tasa de crecimiento es endeble la demanda tiende a estancarse. Esto se debe a que los que ganan más no gasten todo lo que ganan ya sea en consumo o en bienes de inversión porque ya poseen los bienes que necesitan y los otros no tienen ingresos para procurarse lo que les hace falta. Como puede verse no es un problema que se plantee en términos de justicia o de moral sino de eficacia. Una distribución muy desigual del ingreso es ineficaz para el crecimiento económico.

Frente a esto los economistas keynesianos, heterodoxos, afirman que es necesaria una política de incremento de la demanda. La solución estriba en aumentar el gasto del Estado proveyendo subsidios y ayudas e incentivando la inversión publica y las obras públicas creando puestos de trabajo, lo que aumentará el ingreso de quienes no tienen satisfechas las necesidades básicas.

Como dice Paul Krugman, quienes defienden la teoría neoliberal presentan la economía como una fábula moral en la cual la pobreza es una sanción a los actos económicamente irracionales. En el libro VI, capítulo 24, el último de la Teoría general, Keynes escribía irónicamente que “el crecimiento de la riqueza lejos de depender de la abstinencia de los sectores acaudalados, como se cree en general, corre el riesgo de impedirla”. Los cálculos señalados al principio muestran que la existencia de una distribución del ingreso que favorezca a los que ganan más induce a una demanda global menor, el ahorro será más importante, pero el crecimiento económico más lento.

Bruno Susani

Doctor en Ciencias Económicas. Autor del libro El peronismo, de Perón a Kirchner, Editorial EdUNLa, mayo 2015.

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